Cabanes 4 de septiembre de
2013
En marzo pasado se daba a conocer que El Tribunal Superior de
Justicia de la CV, sala contencioso - Administrativa, sección 5a dictó
sentencia por la cual daba la razón a la empresa FACSA contra el
ayuntamiento de Cabanes y Construcciones Castellón 2000 SAU (Marina
d'Or) e invalida la concesión del servicio de suministro del agua del
sector del PAI Torre la Sal a la propia empresa Marina d'Or, y tiene
que devolvérsele la concesión a la empresa FACSA, curiosamente, no
obstante, esta sentencia sale al tiempo que expira la concesión de cinco
años dada a Marina d'Or.
Para hacer toda esa operación ilegal,
la empresa no se gastó un solo euro, y fueron los vecinos de Cabanes
quienes sufragaron todos los informes y gastos judiciales de una
concesión tanto irregular, concretamente 11,999,04 euros para pedir un
informe a la carta a un profesor de la UJI que después se demostró se
basaba en falsedades según el propio TSJ CV, dos facturas de 10.000 y
20.600 euros se tuvo que pagar al abogado Jose Luis Breva para
defender al ayuntamiento frente a los juicios instados por FACSA, y
189,63 a la procuradora, todo para que al final tuviera la razón FACSA y
devolviera la concesión a esta empresa.
CRONOLOGÍA
En la sesión plenaria de 27 de septiembre de 2007, con el
voto favorable del PP, la abstención del PSOE y el voto en contra del
hoy regidor de Units pel Poble-Compromis, Carles Mulet, se le
quitó la gestión del agua a Facsa, a pesar de tener esta empresa la
concesión hasta el 2025, y dársela a la empresa Marina d'Or, dentro
del ámbito del PAI Torre de la Sal.
Esta concesión era
totalmente ilegal, y carecía de ningún informe de secretaría ni de
ningún técnico municipal, y ahora los tribunales reconocen que la
concesión a Facsa era hasta el 2025 y en todo su término municipal, por
lo tanto, también afecta a los PAIS que pueda desarrollar la empresa
Marina d'Or en Cabanes ( Torre la Sal y Mundo Ilusión)
Mulet
presentó una denuncia a la Fiscalía, y se comenzaron Diligencias de
Investigación Penal contra el equipo de gobierno que estaba en 2007, que
se acumularon con otros tres casos abiertos también relacionados con el
PAI, todos ellos formaron un nuevo caso, que va a pasar a ser una
investigación “secreta” de la cual no se ha vuelto a dar cuenta a la
parte denunciante. Por su parte, Facsa, comenzó la vía contencioso
administrativa, que ha dado lo sus frutos, y da la razón a la empresa y
a la oposición.
Ahora, los vecinos del PAI, centenares
de viviendas, la mayoría de ellas embargadas por el Banco de Sabadell a
Marina d'Or, pero vendidas ya a particulares, o casos de familias que
hace años viven, no saben todavía la repercusión real de este hecho,
de si se tendrán que cambiar los equipos de suministro de agua y el
coste que esto los puede repercutir; coste al cual éticamente tendrían
que hacer frente los responsable políticos de esa decisión. ( el agua
que suministraba Marina d'Or al PAI es procedente de una pequeña desaladora que tiene la empresa y FACSA suministrará agua
desde los pozos que explota)
Los vecinos ahora tienen
que revisar todas las cañerías y comprar un descalcificador (por
defecto en todos los edificios de Marina d'Or de Cabanes no lo incluyen por ser
agua desalinizada) que hay que aumentar el presupuesto en la limpieza
del aljibe y seguramente cambiar alguno que otro dispositivo.
La
cronología de los hechos, viene desde el principio de la tramitación del
PAI (2003-2004), donde Facsa, empresa que tiene la concesión del
suministro hídrico al municipio, advirtió que el PAI no tenía
garantizada el agua por su complejidad; hay que recordar como la
Consejería de Medio Ambiente condicionó el inicio de las obras del PAI a
tener resuelto y en funcionamiento tanto la desaladora como la
depuradora, ninguno de ellas realidad a estas alturas, y a pesar de
esto, en agosto de 2006, en contra del que estipulaba la DÍA; se
concedieron las licencias.
Facsa advirtió que era
inviable garantizar el agua, dado que ni la desaladora era
una realidad, y los acuíferos de la zona estaban sobre explotados. Las
prisas de la empresa al obtener las cédulas de habitabilidad, ocasionan
las presiones para cerrar en falso los permisos de agua; todo y
vulnerando la propia legalidad, dado que las licencias de obras también
condicionaban el dar las cédulas de habitabilidad a tener desarrollado
todo el PAI, y en 2007 se querían dar licencias de ocupación a las
instalaciones acabadas, en cuestión de semanas.
Como Facsa no entra al juego de la empresa Marina d'Or, el equipo de
gobierno del ayuntamiento de Cabanes, encarga, a dedo, un informe a
un profesor de la UPV, Francisco-Javier Company Carretero, conocido por
parecidas aventuras, para tener una justificación “técnica” de la
decisión política que se quiere tomar, y este, hace el informe a la
carta, que sirve de argumentario para el PP, obviamente, pagado con el
dinero de todos los vecinos.
Argumentando que FACSA sólo
tenía concedido el abastiment de agua al municipio, y no a las
actuaciones urbanísticas del litoral, y como “ el agente urbanizador
acredita disponer de desaladora propia legalizada y con instalaciones
que permiten cubrir sobradamente el servicio hasta que se implante la desaladora que está promoviendo el Estado” se firma un convenio con el
propio promotor del PAI para que por medio de su propia desaladora,
sea quién gestione el suministro de agua a todo el PAI, mancomunando el
servicio con el vecino ayuntamiento de Orpesa.
Según el
convenio aprobado en 2007 entre ayuntamiento y Marina d'Or, es el
propio Jesús Ger, quien se autorizará y dotará de agua para su PAI, por
medio de su propia desaladora, que hasta esa fecha se desconocía
existía , y será, durante cinco años, quienes cobrará a los propios
suministrados todos los servicios, cánones y consumos de agua.
Durante
cinco años, mientras el Contencioso-administrativo ha seguido su curso,
la empresa ha podido disfrutar del suministro de agua de manera
irregular, y ha podido hacer y deshacer a su libre designio. Ahora, de
golpe la empresa ha incumpliendo los plazos, ha dejado el PAI sin hacer,
se ha quedado buena parte de las viviendas el banco, los tribunales
dan la razón a FACSA y a la oposición.
El pueblo pagó 42.000 euros para hacerle un favor a Marina d'Or.
