Cabanes: el municipio pagó 42.000 para darle el suministro del agua de Torre la Sal a Marina d'Or

Cabanes 4 de septiembre de 2013

En marzo pasado se daba a conocer que El Tribunal Superior de Justicia de la CV, sala contencioso - Administrativa, sección 5a dictó sentencia por la cual daba la razón a la empresa FACSA contra el ayuntamiento de Cabanes y Construcciones Castellón 2000 SAU (Marina d'Or) e invalida la concesión del servicio de suministro del agua del sector del PAI Torre la Sal a la propia empresa Marina d'Or, y tiene que devolvérsele la concesión a la empresa FACSA, curiosamente, no obstante, esta sentencia sale al tiempo que expira la concesión de cinco años dada a Marina d'Or.

Para hacer toda esa operación ilegal, la empresa no se gastó un solo euro, y fueron los vecinos de Cabanes quienes sufragaron todos los informes y gastos judiciales de una concesión tanto irregular, concretamente 11,999,04 euros para pedir un informe a la carta a un profesor de la UJI que después se demostró se basaba en falsedades según el propio TSJ CV, dos facturas de 10.000 y 20.600 euros se tuvo que pagar al abogado Jose Luis Breva para defender al ayuntamiento frente a los juicios instados por FACSA, y 189,63 a la procuradora, todo para que al final tuviera la razón FACSA y devolviera la concesión a esta empresa.

CRONOLOGÍA

En la sesión plenaria de 27 de septiembre de 2007, con el voto favorable del PP, la abstención del PSOE y el voto en contra del hoy regidor de Units pel Poble-Compromis, Carles Mulet, se le quitó la gestión del agua a Facsa, a pesar de tener esta empresa la concesión hasta el 2025, y dársela a la empresa Marina d'Or, dentro del ámbito del PAI Torre de la Sal.

Esta concesión era totalmente ilegal, y carecía de ningún informe de secretaría ni de ningún técnico municipal, y ahora los tribunales reconocen que la concesión a Facsa era hasta el 2025 y en todo su término municipal, por lo tanto, también afecta a los PAIS que pueda desarrollar la empresa Marina d'Or en Cabanes ( Torre la Sal y Mundo Ilusión)

Mulet presentó una denuncia a la Fiscalía, y se comenzaron Diligencias de Investigación Penal contra el equipo de gobierno que estaba en 2007, que se acumularon con otros tres casos abiertos también relacionados con el PAI, todos ellos formaron un nuevo caso, que va a pasar a ser una investigación “secreta” de la cual no se ha vuelto a dar cuenta a la parte denunciante. Por su parte, Facsa, comenzó la vía contencioso administrativa, que ha dado lo sus frutos, y da la razón a la empresa y a la oposición.

Ahora, los vecinos del PAI, centenares de viviendas, la mayoría de ellas embargadas por el Banco de Sabadell a Marina d'Or, pero vendidas ya a particulares, o casos de familias que hace años viven, no saben todavía la repercusión real de este hecho, de si se tendrán que cambiar los equipos de suministro de agua y el coste que esto los puede repercutir; coste al cual éticamente tendrían que hacer frente los responsable políticos de esa decisión. ( el agua que suministraba Marina d'Or al PAI es procedente de una pequeña desaladora que tiene la empresa y FACSA suministrará agua desde los pozos que explota)

Los vecinos ahora tienen que revisar todas las cañerías y comprar un descalcificador (por defecto en todos los edificios de Marina d'Or de Cabanes no lo incluyen por ser agua desalinizada) que hay que aumentar el presupuesto en la limpieza del aljibe y seguramente cambiar alguno que otro dispositivo.

La cronología de los hechos, viene desde el principio de la tramitación del PAI (2003-2004), donde Facsa, empresa que tiene la concesión del suministro hídrico al municipio, advirtió que el PAI no tenía garantizada el agua por su complejidad; hay que recordar como la Consejería de Medio Ambiente condicionó el inicio de las obras del PAI a tener resuelto y en funcionamiento tanto la desaladora como la depuradora, ninguno de ellas realidad a estas alturas, y a pesar de esto, en agosto de 2006, en contra del que estipulaba la DÍA; se concedieron las licencias.

Facsa advirtió que era inviable garantizar el agua, dado que ni la desaladora era una realidad, y los acuíferos de la zona estaban sobre explotados. Las prisas de la empresa al obtener las cédulas de habitabilidad, ocasionan las presiones para cerrar en falso los permisos de agua; todo y vulnerando la propia legalidad, dado que las licencias de obras también condicionaban el dar las cédulas de habitabilidad a tener desarrollado todo el PAI, y en 2007 se querían dar licencias de ocupación a las instalaciones acabadas, en cuestión de semanas.

Como Facsa no entra al juego de la empresa Marina d'Or, el equipo de gobierno del ayuntamiento de Cabanes, encarga, a dedo, un informe a un profesor de la UPV, Francisco-Javier Company Carretero, conocido por parecidas aventuras, para tener una justificación “técnica” de la decisión política que se quiere tomar, y este, hace el informe a la carta, que sirve de argumentario para el PP, obviamente, pagado con el dinero de todos los vecinos.

Argumentando que FACSA sólo tenía concedido el abastiment de agua al municipio, y no a las actuaciones urbanísticas del litoral, y como “ el agente urbanizador acredita disponer de desaladora propia legalizada y con instalaciones que permiten cubrir sobradamente el servicio hasta que se implante la desaladora que está promoviendo el Estado” se firma un convenio con el propio promotor del PAI para que por medio de su propia desaladora, sea quién gestione el suministro de agua a todo el PAI, mancomunando el servicio con el vecino ayuntamiento de Orpesa.

Según el convenio aprobado en 2007 entre ayuntamiento y Marina d'Or, es el propio Jesús Ger, quien se autorizará y dotará de agua para su PAI, por medio de su propia desaladora, que hasta esa fecha se desconocía existía , y será, durante cinco años, quienes cobrará a los propios suministrados todos los servicios, cánones y consumos de agua.

Durante cinco años, mientras el Contencioso-administrativo ha seguido su curso, la empresa ha podido disfrutar del suministro de agua de manera irregular, y ha podido hacer y deshacer a su libre designio. Ahora, de golpe la empresa ha incumpliendo los plazos, ha dejado el PAI sin hacer, se ha quedado buena parte de las viviendas el banco, los tribunales dan la razón a FACSA y a la oposición.

El pueblo pagó 42.000 euros para hacerle un favor a Marina d'Or.