Los informes para retrasar el PAI Torre la Sal eran “dentro de plazo”
El arquitecto municipal y el jefe de Urbanismo declaran como imputados
ISABEL FERNÁNDEZ 25/02/2015Edición en PDF
Esta noticia pertenece a la edición en papel de El Periódico Mediterraneo.
El
arquitecto municipal de Cabanes, Rubén Bellido, y el jefe del área de
Urbanismo, José Vicente Guimerá, declararon ayer en el juzgado número 6
de Castellón en calidad de imputados por prevaricación, a causa de los
informes emitidos para justificar la prórroga del PAI Torre la Sal en
Cabanes, que había solicitado la mercantil. Ambos han ratificado que los
dosieres elaborados para avalar la concesión estaban dentro del plazo,
según informaron a Mediterráneo fuentes del caso.
El jefe de área
de Urbanismo ha reconocido que ha ocupado dicho cargo durante varios
años e, incluso, de forma intermitente el de secretario accidental. En
su declaración justificó que, cuando se concedieron las licencias objeto
de la polémica, él no era jefe de Urbanismo dado que por aquel entonces
no existía dicha área como tal en el consistorio.
SIMULTANEIDAD
// Tanto Guimerá como Bellido justificaron que “las licencias de
edificación concedidas en el 2006 sujetas a ser paralelas a las de
urbanización, en teoría, solo eran aplicables a no conceder licencias de
ocupación una vez finalizada la edificación si no estaba la zona
urbanizada”, según indicaron las fuentes. Los dos imputados, añadieron,
interpretan ahora la legislación “en contra de todos los informes del
Ayuntamiento, que se referían a la simultaneidad”, e incluso se
refirieron a la legislación anterior, la LRAU, que marcaba este PAI.
Bellido matizó que comenzó a trabajar en el consistorio en el 2008, cuando ya estaban concedidas las licencias desde el 2006.
La
polémica surgió en el ejercicio 2013, cuando la urbanizadora pidió una
moratoria para acabar el PAI Torre la Sal. Los dos técnicos municipales,
en sus informes, indicaron que estaba dentro del plazo. La alcaldesa,
Estrella Borrás, al recopilarlos, vio que no concordaba el criterio de
ambos funcionarios locales.
De si el aplazamiento está o no dentro de plazo, depende que la empresa deba pagar o no sanción millonaria por incumplimiento.
La
acusación que lleva el caso, Compromís, a través del concejal Carles
Mulet, indicó: “Vamos a pedir ahora el testimonio del anterior
arquitecto, Ricardo Ortega, y nuevas pruebas testificales”
